Argentina fue condenada por delitos de lesa humanidad en perjuicio de la familia Julien Grisonas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por violaciones a los derechos humanos de la familia Julien Grisonas, que sufrieron secuestros, torturas y desapariciones en el marco del Plan Cóndor durante la última dictadura cívico militar que asoló al país, y conminó al Estado a investigar los hechos. “Valoramos la sentencia y no tenemos ningún inconveniente en cumplir con los esfuerzos que nos pide porque van en la misma línea que venimos trabajando desde hace años”, dijo Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación. 

Además, la Corte IDH instó al Estado a “coordinar esfuerzos” para conformar en el plazo de un año un grupo de trabajo con Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú para la “investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del plan criminal interestatal”.

La sentencia se dio a conocer el martes. Por unanimidad, la Corte IDH halló al Estado argentino responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, una pareja de uruguayos refugiados en Argentina desde 1974 –Mario llegó en 1973, un año después se le unió su pareja junto a su hijo mayor, Anatole– que fueron atacades por un operativo de fuerzas conjuntas en septiembre de 1976, él asesinado y ella secuestrada; ambos desaparecidos desaparecides desde entonces.

El episodio sucedió el 26 de septiembre de 1976 a la tarde. La pareja estaba en San Martín, al norte del Conurbano bonaerense, en la casa donde vivían junto a sus dos hijes: Anatole, de cuatro, y Victoria, de 1 año y medio. El ataque, según detalla la sentencia de la Corte IDH, fue de amplio despliegue. Y el resultado, “horroroso”, definió Anatole en diálogo con este diario. A Mario lo balearon al intentar huir. A Victoria la golpearon y la trasladaron al centro clandestino Automotores Orletti junto a sus dos hijos. Allí la torturaron. Desde entonces no se sabe nada de ella. A los días, les hijes fueron trasladades vía avión a Uruguay, donde les mantuvieron cautives en el Servicio de Información de Defensa (SID), en Montevideo. Luego a Chile, donde fueron abandonades en una plaza.

Fueron adoptades en Chile, donde aún viven. Pero nunca supieron del paradero de sus padres. Y por eso también la Corte IDH condenó a Argentina: según el organismo, el país violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, también reconocidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en perjuicio de ambos, así como su derecho a conocer la verdad sobre sus familiares desparecides.

Fallo contundente

La sentencia consta de unas 100 páginas. “Realmente es contundente. La Corte condena por denegar justicia a un Estado que dijo y dice que ya hizo lo que corresponde, cuando está lejos”, indicó Anatole, el hijo mayor de la pareja Julien Grisonas y demandante junto a su hermana.

Es la primera vez que la Corte IDH condena a Argentina por acciones y omisiones cometidas en cuanto a su deber de investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. Los antecedentes de veredictos del organismo internacional sobre el plan regional de crímenes contra la humanidad existen, no obstante: condenas a Paraguay por el caso Goiburú en 2006 y a Uruguay por el caso Gelman en 2011.

Argentina juzgó los crímenes del Operativo Cóndor post nulidad de leyes de impunidad, con una sentencia condenatoria que llegó recién en 2016. El secuestro y la desaparición de Victoria Grisonas también tuvo su veredicto condenatorio, cinco años antes, en 2011. En 2017 absolvió a dos policías por el asesinato de Mario Julien, decisión que partió con fallo adverso de la Cámara de Casación en 2019 y que aún aguarda una definición de la Corte Surprema. En noviembre de 2020, por último, cuatro represores de Orletti fueron condenados por el secuestro y las torturas a Anatole y Claudia Victoria.

Y si bien en la Corte IDH “valora positivamente los esfuerzos realizados por Argentina para identificar a los autores de los crímenes cometidos contra las víctimas del presente caso y, a su vez, para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el período 1976-1983”, consideró que “existen elementos que no han sido plenamente esclarecidos”. Cabe destacar que en ninguno de los procesos judiciales antes mencionados los acusados, posteriormente condenados, han flexibilizado su decisión de mantener un férreo silencio sobre los crímenes que cometieron mientras usufructuaron el poder del Estado nacional.

La previa

El caso llegó a la Corte IDH en diciembre de 2019. Lo llevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró “vencido” el plazo de “diálogos cordiales que Argentina insistía en continuar en esa instancia sin dar respuestas concretas”, referenció el hijo mayor de la familia Julien Grisonas, impulsor junto a su hermana de una demanda en esa instancia regional contra el país en 2005.

LA CIDH acudió a la Corte luego de otorgar dos prórrogas al Estado argentino para que diera cumplimiento a una serie de recomendaciones que le encomendaron en mayo de 2019 –sí, 14 años después de presentada la petición de la familia–. En líneas generales, los consejos que el organismo internacional le indicó entonces al país eran similares a la sentencia actual de la Corte: «Investigar de manera completa, imparcial y efectiva» el paradero de la pareja de uruguayos, «adoptar las medidas necesarias» para identificar sus restos; hacr todo aquello «dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan», aplicar medidas de reparación tanto «material como moral» además de sanitarias, y por último «adoptar las medidas de no repetición».

La petición de Anatole y Claudia Victoria estuvo asentada sobre una demanda civil que impulsaron en 1996 por los hechos que fue avalada en primera instancia, parcialmente en segunda instancia, pero rechazada finalmente en Corte Suprema, durante 2007. La negativa de la Corte definió “prescripta” la demanda.

Las disposiciones

“Es un fallo que obliga al Estado argentino a hacer memoria de una manera que lo oiga todo el mundo”, definió Anatole sobre el variado abanico de disposiciones a las que el organismo internacional conmina a Argentina, y que van desde medidas de investigación y esclarecimiento, a difusión del caso pasando, por supuesto, por resarcimiento económico.

“Hicimos un esfuerzo muy grande por explicarle a la Corte el proceso de memoria, verdad y justicia que venimos sosteniendo junto al movimiento de derechos humanos», resaltó Pochak tras conocer la sentencia, de la que destaca que “reconoce todo el trabajo realizado, el proceso de juzgamiento de estos hechos y sus leyes reparatorias” y considera que “las medidas que dispuso tienden a reforzarlo”.

En tanto, la subsecretaria afirmó que el Estado argentino “comparte muchos desafíos” que la Corte IDH “marca en su fallo” entre los cuales subrayó “su advertencia sobre la imprescriptibilidad de las demandas civiles, la demora en la tramitación de las causas como un problema, sobre todo en instancias recursivas”. De hecho, el reclamo al Poder Judicial por la demora en la tramitación de las causas de lesa humanidad es sostenido desde hace varios años por el movimiento de derechos humanos y eje de los planteos del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a la Corte Suprema en su más reciente encuentro. 

«No deja de quedarnos un sabor amargo por este fallo –añadió Pochak– ya que el proceso de memoria, verdad y justicia que protagonizó Argentina es modelo en el mundo, sin embargo nuestro país termina siendo condenado por la Corte Interamericana por un caso puntual, por hechos que no representan en absoluto los avances que hemos tenido en la materia. De hecho el fallo no ordena ninguna medida de fondo vinculada a nuestras políticas de justicia y reparación.»

Por último, y en cuanto al grupo de trabajo que Argentina debe impulsar para investigar la coordinación represiva junto a los Estados de la región, la funcionaria interpretó que el punto “resalta el rol de liderazgo regional que ha desempeñado Argentina en cuanto a los esfuerzos para esclarecer el Plan Cóndor y por ello solicita que se profundicen esos esfuerzos”. Entre las pruebas que el organismo internacional de Justicia tuvo en cuenta para su sentencia figura la declaración de la investigadora italiana especializada en Plan Cóndor, Francesca Lessa, que fue perita para los hermanos Julien Grisonas. “Aporté datos concluidos de mi investigación sobre los patrones de la coordinación represiva en América del Sur en los años 70” con el objetivo de “demostrar que los ciudadanos uruguayos y uruguayas fueron un blanco muy evidente” del Plan Cóndor “y dentro de ese universo, un número muy elevado eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, como los padres de los hermanos Julien”, explicó a este diario la académica.