Salvar a la Patria es la tarea

Fue la peor semana en muchísimo tiempo. Colmada de incertidumbres, días aciagos, angustia popular y perspectivas sombrías. No cayó la Argentina en lo que pudo ser una guerra civil por el casual milagro de que la pistola en manos de un canalla no se disparó sobre el rostro de la Vicepresidenta.

Mejor ni pensar en lo que pudo haber sucedido, obvio, pero sí es imperativo y urgente obtener conclusiones sanas de tan dramático episodio. Y desde ya que no será el sistema judicial vigente y empoderado chuecamente el que dé las respuestas, ni el que rescate a la Argentina de un posible caos como el que rozamos la semana pasada.

Una obvia moraleja postularía que el odio es un sentimiento inferior que degrada a quien odia. El deseo de producir daño, o eliminación, demoniza al odiador, quien en su pretensión exterminadora sólo se degrada a sí mismo y mutila su propia capacidad de convivencia, paz y armonía. Por eso no hay ninguna justificación moral para sostener discursos y postulados asesinos. Por eso los giros retóricos con pretensión justificatoria resultan, inexorablemente, patéticos.

Así se los ve en los llamados «medios de comunicación», que en una sociedad herida como la nuestra se autodegradan hasta la ominosa categoría de usinas de mentiras, capaces de todo tipo de bestialidades. Por eso esta columna los llama «mentimedios» y «telebasura», ejercitantes de ese sistema de falsas denuncias y engañosas juridicidades que no sólo simboliza todo lo malo acontecido en esta república, sino que además funge como operador principal de la paulatina microdestrucción de la verdad, la democracia y la paz en la Argentina.

Por eso esta columna entiende que no se debe perder ni un segundo en esta batalla, que es también educativa y es cultural. Por eso es condenable la decisión de recortar los presupuestos para Educación, Cultura y Salud Pública, que fueron las primeras medidas adoptadas por el flamante ministro de Economía, Sr. Massa, y su neoliberal viceministro Sr. Rubinstein, formado en las ideas antinacionales de Domingo Cavallo y proveniente de las filas de JXC.

Penoso, pero cierto, con ellos el pueblo argentino no tiene destino de Libertad, Independencia y Soberanía. Pero es el escenario en el que estamos hoy millones de [email protected]: uno en el que el peligro concreto que afecta a toda la ciudadanía es la maníaca decisión de suprimir al prójimo, idea que viene inficionando a las clases medias urbanas hiperconcentradas en la capital de la República. Y que en connivencia con el sistema mentimediático autorizado y tolerado, conduce a esta columna a la convicción de que es urgente restablecer la Ley de Medios, por decreto y tal como lo hizo Macri cuando en enero de 2016 la canceló también por decreto.

Desde ya que no es para ilusionarse, pero no por eso debe abandonarse la idea, que sería democráticamente revolucionaria para el pueblo argentino. Es urgente dejar de subsidiar ridícula y suicidamente a los mentimedios que mienten y deforman precisamente porque son disolventes, golpistas y antidemocráticos y su anhelo evidente es una dictadura con disfraz democrático y sostenida por los poderes mundiales, en especial el conglomerado OTAN, organización extranjera de inmenso poder que ya está instalada en territorio argentino.

En tal panorama, urgen decisiones imprescindibles, urgentes y omnicomprensivas que bien podría tomar nuestro Presidente si se pusiera a la cabeza de los intereses soberanos de nuestra República para así garantizar la democracia y la paz. Por eso parece increíble la resistencia a ello, y esta columna insiste en la necesidad de docencia cívica y pacífica para que el pueblo recupere su propia conciencia de libertad y capacidad de decisión para dirigir los destinos de la nación.

Y de ahí que una vez más esta columna reclama que se repotencie la TDA, que es el instrumento democrático por excelencia y que puede llevar servicios comunicacionales sanos, democráticos e incontamindos a 10 millones de hogares en todos los confines del territorio argentino, como se hizo en su momento y como debe volver a hacerse, porque hoy es imperativo para la Democracia y la Paz. Conceptos que esta columna jamás deja de sostener porque son las piedras basales de la convivencia pacífica, igualitaria y productiva que podrá llevarnos a ser la gran nación que soñaron San Martín, Belgrano, Moreno, Yrigoyen, Perón y Evita, por lo menos.

No hay argumento válido en contra y por eso, dicho sea con todas las letras, esta columna suele urgir a que el gobierno pierda el miedo y empiece a tomar las decisiones correspondientes. El Presidente Alberto Fernández tiene todas las atribuciones para encabezar esa tarea. Y no sólo él: esta columna entiende que todo el Poder Ejecutivo Nacional debería colocarse –ya mismo– a la altura de la situación dramática que están viviendo la República y nuestro Pueblo.

Es desde ahí que esta columna ha repudiado el intento de magnicidio que hubiese incendiado a la Argentina. El ataque a la Vicepresidenta torna imperioso y urgente esclarecer lo sucedido –lo cual, ­penosamente, y hay que decirlo– en sólo 48 horas ya las fuerzas de la antipatria han logrado oscurecer.

Pero nada atenúa la exigencia de que se condene al/los responsables materiales e intelectuales del infame atentado. Bien haría el gobierno nacional en ocuparse urgente y verdaderamente de terminar con la escalada de violencia que puede seguir incendiando a la República. No es tiempo de discursos “buenistas” ni de retóricas presidenciales que no conducen a nada. La urgencia es apresar, juzgar y condenar a los irresponsables promotores (dizque «autores intelectuales», con perdón del concepto) de toda forma de violencia, pero a la vez denunciando a la oposición por irresponsable, mentirosa y frívola.

La Paz y la Democracia son los valores supremos a preservar en la República Argentina. Y a ese fin no hay recortes ni excepciones que valgan. Es necio y cobarde pretender serenar a las fieras con discursos de buena voluntad. Es hipócrita sostener «prudencias» para no avanzar en el esclarecimiento de este crimen, que lo fue aunque no como los asesinos desearon.

La discusión político-mediática inmediatamente posterior al atentado, que intentaba saber cómo se produjo exactamente y si se conseguía o no abrazar a la oposición en una declaración conjunta, fue, en sí mismo, un retroceso político grave. Y además inútil.

El discurso del presidente el jueves a la noche tampoco resolvió nada. Una vez más, cuando hacía falta una intervención potente y directa, el resultado fue un fiasco. Y es que la derecha argentina, y la del mundo, jamás aprenden y por eso son recalcitrantes en sus prédicas disolventes y malignas. Y como saben también que no podrán con el poder popular, siguen siempre adelante con tesón digno de mejores causas, y si no se los detiene son muy peligrosos para toda democracia.

La pregunta sin respuesta, entonces, en las calles y seguramente también en las intimidades de Olivos y la Casa Rosada, parecería ser: «¿Quién los frena a estos tipos; quién debe detenerlos?» Y la respuesta no es otra que el Presidente de la República. Que no lo hizo acaso por mal asesorado o por inseguridad propia, quién sabe, o por ambas razones. Pero no lo hizo, posiblemente desde la convicción de que «ya van a cambiar», ilusión inútil en opinión de esta columna.

Había que detenerlos con toda decisión. Con la ley en la mano, incluso la Ley Antiterrorista. Y a la vez se debieron tomar decisiones profundas, fundacionales, como disponer cercos de seguridad absoluta con intervención de la Policía Federal y acaso Gendarmería o Prefectura, quitando del escenario a la policía política del hoy agrandado intendente Larreta.

La paz y la democracia son el bien más preciado de esta república, son lo más importante que tenemos y –hay que decirlo– no se la preserva con discursos bienintencionados solamente.

El ataque sufrido por la Vicepresidenta fue y sigue siendo de una gravedad extrema. Nada queda en el pasado; todo sigue en un presente vivo y en ebullición. Lo acontecido, el atentado criminal, no pertenece a un pasado ya en camino de olvido y superación. En absoluto. El Gobierno ahora mismo debería tomar medidas concretas. En primer lugar adoptar una actitud mucho más activa y dominante. El Presidente es una persona muy honorable, y su peso moral puede y debe jugar un papel decisivo, pero, a la vez, consciente de que son las decisiones que no toma las que inquietan a gran parte de la ciudadanía. Por eso no tiene sentido y hasta es riesgoso que siga así. El pueblo argentino no votó ni quiere ni necesita un buen profe manso, sino una autoridad firme que determine y reoriente el rumbo que los enemigos de la democracia y de la paz intentan dinamitar. Nuestro Presidente es la máxima autoridad de la República y como tal el pueblo argentino espera y necesita que esté a la altura.