Ricardo Nissen contra la Cámara Comercial por servir a los intereses del macrismo | «Servicio de asesoría más que un tribunal»

Nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial actúan sistemáticamente contra los intereses del Estado al beneficiar a los grandes empresarios del país y en particular a aquellos que hacen negocios con el expresidente Mauricio Macri –a quien le fue, en general, bastante bien en ese tribunal que entiende en el expediente por la quiebra del Correo–. Éste es el eje de una fuerte denuncia que presentó el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, ante los tribunales del fuero ordinario.

Nissen denunció que nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial actúan de manera sistemática para impedir que un organismo de control como el que él conduce haga su trabajo: controlar cómo actúan las sociedades y detectar a las que lo hacen de manera fraudulenta. La presentación dice que, con su accionar, los jueces terminan defendiendo y proveyendo casi un servicio de asesoría, entre otros, a Macri, a Juliana Awada, al accionista del Grupo Clarín José Aranda, al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas –uno de los integrantes de la mesa judicial del macrismo– y a un pariente del exjefe de Gabinete Marcos Peña de nombre Alejandro Jaime Braun Peña.

Su denuncia deberá ser investigada por el juez Alejandro Ferro y el fiscal Andrés Madrea e incluye delitos tales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, prevaricato –dictar fallos a sabiendas que son injustos–, usurpación de funciones y retardo de justicia. Los nueve magistrados apuntados por el titular de la IGJ son los camaristas Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machin, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla.

¿Cómo funciona este supuesto plan criminal que denuncia Nissen? Se pone en marcha cada vez que apelan una resolución de la IGJ. Según el organismo que depende del Ministerio de Justicia, la Cámara con tal de obstaculizar la tarea de la IGJ contradice su propia jurisprudencia.

Las miradas se centran en la Sala C de la Cámara Comercial, que es la que generalmente termina interviniendo en todos los casos que competen a la IGJ. Según la denuncia de Nissen hay una serie de mecanismos que se ponen en funcionamiento para que esto ocurra y que son caracterizados por el auditor como acciones fraudulentas:

• Se hacen sorteos clandestinos para favorecer a esa Sala;

• Cuando se investigan grupos de sociedades, se dividen las causas en la cantidad de sociedades que integran el grupo. La primera causa va a la Sala C para que pueda atraer al resto;

• Se rechazan sistemáticamente las recusaciones que se presentan contra los dos integrantes de la Sala C, Villanueva y Machin. Muchas veces intervienen ellos mismos en el rechazo de los pedidos para apartarlos (esto, por ejemplo, sucedió en el fuero penal federal –léase en Comodoro Py– en la causa de espionaje cuando el camarista Mariano Borinsky rechazó sin darle tratamiento una recusación que habían presentado porque aparecía en el teléfono de Darío Nieto. Su colega Ángela Ledesma denunció entonces que esa práctica había sido irregular).

• Cuando deciden integrar esa Sala con otro magistrado no notifican a la IGJ, que tiene posibilidad también de recusarlo. Sin embargo, al no ser notificada, ya no puede hacer nada al respecto.

La mayoría de las críticas del jefe de la IGJ tuvieron como destinataria a la jueza Villanueva, identificada con los sectores más conservadores. Docente de la Universidad Austral, Villanueva integró la cátedra de Rafael Manóvil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La lectura que hacen en la IGJ es que tanto Villanueva o Manóvil no son muy proclives a la intervención del Estado en materia económica y no ven con buenos ojos el control intenso que propone la gestión de Nissen sobre las sociedades comerciales o el combate a las offshore y las sociedades extranjeras falsas.

No dejar investigar

La denuncia de Nissen sostiene que la Cámara Comercial, en su gran mayoría, impide que la IGJ investigue. Eso se vio en el caso del fideicomiso ciego de Macri, que el líder del PRO había creado durante su presidencia para supuestamente transparentar su patrimonio y para que quedara en manos de terceros mientras él estaba dedicado –supuestamente– a custodiar el interés general. En agosto del año pasado, la IGJ detectó y denunció que, en realidad, no había nada transparente y, por el contrario, existían estructuras que no se sabían dónde terminaban en una lógica de mamushkas. 

Hay otro caso que involucra a la sociedad Salta Cotton SA, cuyo director era Clusellas mientras ejercía como secretario de legal y técnica de Macri. También integraba la sociedad Braun Peña. Salta Cotton tenía un sinnúmero de hechos irregulares para investigar en las actas y en los estados contables, no había distribución de dividendos y también había recibido varias denuncias por desmontes clandestinos en Salta. Sin embargo, los integrantes de la Sala A –Chomer, Uzal y Kolliker– salieron en su auxilio. Un dato que remarcan desde el Ministerio de Justicia es que tanto Uzal como Kolliker aparecen como visitantes de la Casa Rosada en agosto de 2018, justamente donde se desempeñaba Clusellas.

Lo que denuncia Nissen es que el tribunal funciona más como un abogado defensor de los poderosos que como un colegiado de jueces. Por ejemplo, la intervención de la Cámara le impidió a la IGJ investigar una sociedad constituida en el extranjero –LUARAN SAU– que el organismo detectó que tenía un patrimonio neto 2.500.000.000 pesos, que funcionaba como una sociedad anónima unipersonal y cuyo único accionista era José Aranda, principal accionista de Clarín. En la IGJ se trabajaba con la hipótesis que se podría estar ante un caso de lavado de activos pero, después de una serie de resoluciones la Sala C –en esta oportunidad integrada por Villanueva y Heredia–, terminó vedando la investigación acerca del empresario.

Que la Cámara Comercial está en pie de guerra con la IGJ no es novedad. El año pasado, el pleno del tribunal firmó un pronunciamiento para denunciar a Nissen, a quien le cuestionaban no haber acatado un fallo de la famosa Sala C que invalidó las medidas destinadas a garantizar la participación igualitaria en directorios y áreas de decisión de las empresas y otras formas societarias. En ese expediente, la IGJ había señalado que la justicia comercial no era competente para intervenir, pero aún así lo hizo.

Como parte de una cruzada de tinte conservador, en la Cámara Comercial se opusieron a unas resoluciones que había firmado Nissen en agosto de 2020 para promover acciones afirmativas para el acceso de las mujeres en los cargos más importantes de las empresas pero también de otras asociaciones, como pueden ser los clubes. Las estadísticas que tenían el organismo mostraban que por cada cinco varones que dirigían o fiscalizaban empresas o asociaciones civiles, sólo había una mujer en puestos similares. Se ve que los jueces y las juezas estaban conformes con ese reparto.