El objetivo es promover que los chicos asistan a clase, se dijo, y en eso estamos todos de acuerdo. Que la educación es un derecho y que la escuela es la gran igualadora de oportunidades, no hay dudas. Pero el problema comenzó inmediatamente después de pronunciadas estas frases, cuando la ministra de la Ciudad Soledad Acuña anunció que las familias que no manden a sus hijos a la escuela dejarán de percibir el plan social Ciudadanía Porteña.
Este plan existe desde 2005, está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad y se hace efectivo mediante una tarjeta de débito que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar. La titular del beneficio es preferiblemente la mujer del hogar, según consigna la propia página del Gobierno porteño.
“Tenés algunas familias que no mandan a los chicos porque quizás no saben qué es una rutina, porque en casa no hay esos hábitos de todos los días, mismo horario y misma responsabilidad”, analizó la ministra en una entrevista radial. “Y hay otras familias que deciden irse de vacaciones a mitad de la cursada para ir a Europa porque es la temporada de esquí en el Norte, o porque está el Mundial y estoy previendo llevarme a mis hijos veinte días antes de que terminen las clases”.
Ahora bien, la primera pregunta es obvia: si la decisión política de Horacio Rodríguez Larreta es avanzar con el punitivismo para hacer cumplir el derecho a la educación de nuestros chicos, me pregunto: ¿a las familias que llevan a sus hijos a esquiar en el medio de la cursada les aumentarán el ABL? ¿Les cobrarán un impuesto especial? ¿O sólo se sanciona a los sectores sociales más débiles?
Por otro lado, también me pregunto en qué estudio o relevamiento se basó la ministra de Educación de la Ciudad para afirmar que esta medida va a “recuperar la lógica de la responsabilidad del mundo adulto sobre los niños”. En qué experiencias se apoyó para sostener con tanta certeza que restringir a una familia del beneficio social que le permite comprar alimentos tendrá como consecuencia lógica que los chicos regresen a la escuela.
Participé esta semana del cierre de la convocatoria “PISAC COVID-19. La sociedad argentina en la post pandemia”, un programa nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología que financió proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas para la generación de nuevos conocimientos sobre la sociedad argentina.
Las jornadas tenían como objetivo presentar un espacio científico que abordó ejes temáticos como la seguridad, la violencia y las vulnerabilidades. El mundo del trabajo y las desigualdades laborales y de ingresos. Evidencia científica y herramientas para la toma de decisiones políticas y la elaboración de políticas públicas. Tengo claro de que no es ahí donde vamos a encontrar las respuestas a las preguntas anteriores sobre el basamento teórico de la decisión de la ministra y que tampoco se trata del tipo de actividad que financia el Gobierno de Rodríguez Larreta.
Puede parecer algo obvio lo que digo pero no lo es tanto si recordamos que el principal intelectual vinculado a la anterior gestión nacional consideraba que el «pensamiento crítico» era un «valor negativo» enseñado en las escuelas nacionales. Me refiero a Alejandro Rozitchner, quien entonces proponía dejar de lado el estímulo del pensamiento crítico y en su lugar, incentivar el entusiasmo.
De los “Talleres de entusiasmo” que proponía el asesor de Presidencia a la quita de una tarjeta de subsidio en alimentos, es evidente que van pendulando en propuestas que dicen ser en beneficio de la educación de nuestros chicos. Pero otra vez solo demuestran su punitivismo de clase.
* La autora es diputada nacional por el Frente de Todos
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/474021-el-gobierno-porteno-las-escuelas-y-la-ciudadania