De puertos, pesca y soberanía

Si el Ministro Sergio Massa quisiera verdaderamente saber por dónde se hace el contrabando que tanto afecta a nuestra economía, no tendría más que revisar la entrega del Río Paraná.

El cuestionado decreto 949/2020 en realidad fortalece al puerto de Montevideo como eje del contrabando, y además brinda amparo seguro a la pesca ilegal en el Mar Argentino y a la logística de ocupación de nuestras Islas Malvinas, asunto que es urgentísimo revisar. Como hay que revisar toda la política marítima y fluvial que la Argentina, de hecho, hoy no tiene y es el eje del reclamo de la Mesa Coordinadora de la defensa del Paraná y el Canal Magdalena.

Señala el Ing. Horacio Tettamenti, exfuncionario y relevante experto en la materia, que «si por un lado el gobierno argentino presiona a empresas y trabajadores pesqueros argentinos con regulaciones e impuestos, es absurdo que por otro lado entregue el Atlántico Sur a Montevideo, que es como entregarlo a la pesca pirata». Que arrasa la fauna marina y produce miles de millones de dólares a flotas de banderas extranjeras que se han adueñado de nuestro mar.

Para colmo, con la renta de esa pesca ilegal en nuestra plataforma marítima construyen sus nuevos barcos en España, Corea y otros países, lo que de paso condena a los astilleros argentinos, que son una industria capacitada pero sometida a trabas burocráticas y políticas.

También debiera saber el Sr. Massa que la absoluta inacción argentina respecto del Canal Magdalena, y la mansa aceptación de las disposiciones del Puerto de Montevideo (que es un puerto concesionado a grandes corporaciones europeas), evidencian que la pesca ilegal en nuestro mar estaría siendo consentida por el gobierno argentino en tanto todo lo que hace es una simple y absurda nada.

Pero lo grave no es sólo eso, sino comprender que el saqueo de los granos mediante el ridículo sistema de «declaraciones juradas» es también parte cómplice del saqueo de la pesca. Que ha colocado ya al Atlántico Sur y al Río de la Plata en el lugar más escandaloso del mundo en materia de contrabando de pesca, que hoy es una de las industrias que mueve más capitales en todo el planeta. Y que es una burla grotesca a nuestro pueblo, la mitad del cual con hambre y desproteinizado.

Los resultados de la entrega del Atlántico Sur y la Cuenca del Plata en favor de Montevideo y de un puñado de corporaciones multinacionales son pavorosos. E imponen una sangría económica y política que urge detener. Porque la pérdida de nuestra Soberanía hídrica, desde Formosa y Misiones hasta la Antártida, es imprescindible repararla, como es urgente recordarle al Presidente y al Ministro que fue contra esto que en 2013 el gobierno de CFK emitió la Disposición 1108/13, cuyo artículo 1º disponía:

«Dentro del ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur las cargas de exportación originadas en puertos argentinos, únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina».

Este decreto fue derogado por Macri a la vez que se aprobaba el dragado de Montevideo, seguido de la entrega definitiva del Río de la Plata con el decreto 949/2020, que también protege, indirectamente, la pesca ilegal no registrada.

Desde ya que los beneficiarios del llamado «Canal del Indio» saben que si no lo ensanchan antes de que se habilite nuestro Canal Magdalena se les terminará el fabuloso negocio actual que tanto perjudica a la Argentina. Como dice Tettamenti,

«es la nave insignia de la antipatria, porque con Montevideo en manos anglo-británicas ningún puerto argentino tendrá futuro». Ni habrá flota ni industria naval, ni tampoco soberanía. Y la Argentina quedará condenada a que el comercio rioplatense se haga íntegramente con buques de bandera de conveniencia, de paraísos fiscales, y con trabajo esclavo.

Por ahora se ha creado un «órgano de control» que más parece una rémora de la lógica privatizadora menemista. Y es que no se trata de «controlar» concesiones privatizadas, sino de recuperar soberanía y control pleno de nuestros ríos y mares como lo hacen casi todos los países soberanos del mundo, como los Estados Unidos, cuya política de control hídrico es ejemplar.

Cierto que muchos dislates se producen gracias a ambigüedades de la Constitución Nacional de 1994, que esta columna considera imperioso sustituir por la de 1949, última Constitución legal de este país. Lo cierto es que la CN vigente determina que los puertos son provinciales, y eso es parte del problema, porque la ley 24.093 faculta a las provincias a hacer con ellos lo que quieran. Y abre el camino para que el Poder Ejecutivo les transfiera «a título gratuito, el dominio y la administración portuaria». Y en caso de que esas jurisdicciones «no demostrasen interés» por la transferencia del dominio o administración de esos puertos, «el P.E. podrá mantenerlos bajo la órbita del Estado nacional, transferirlos a la actividad privada o bien desafectarlos». Así la ley faculta a las provincias a hacer con los puertos lo que quieran (el mapa permite ver unos 35 puertos de diferentes tamaños e importancias).

La única provincia que no privatizó ni concesionó puertos fue Santa Cruz, que organizó una unidad portuaria que maneja toda la estructura y construyó nuevos puertos. Seguramente porque Néstor Kirchner les daba mucha importancia, mandó construir algunos nuevos y mejoró los existentes, mientras casi todas las otras provincias los cerraban o privatizaban. El peor caso fue Santa Fe, seguida de Entre Ríos. Otras, como Formosa, al menos cuidó su puerto. En Buenos Aires está casi todo concesionado. Y en el extremo sur continental sólo Puerto Deseado, Caleta Paula, Loyola y Ushuaia son provinciales, mientras que en el resto del país, aparte del de Buenos Aires el Estado Nacional no tiene ningún puerto. Y los que hay o son privados o de las provincias, todos concesionados.

Así, el Estado Nacional quedó desvinculado de la actividad portuaria y el país fragmentado y sin capacidad efectiva de fiscalizar su comercio exterior.

Otra experta, la ingeniera Alejandra Portatadino, denuncia desde hace muchos años otra forma de robo: los buques con matrículas mellizas, que según algunos especialistas tienen como epicentro a Montevideo, puerto secuestrado de hecho por las multinacionales y empoderado por las claudicaciones argentinas.

Toda amenaza a nuestra soberanía en el Atlántico Sur y particularmente en Malvinas, es en sí una agresión en tanto implica sometimiento. Y esto se vincula al Río de la Plata, al Paraná y a la comercialización de productos de origen vegetal que llegan a todo el mundo vía transporte marítimo. Para custodiar y direccionar todo eso, la ocupación militar de las Malvinas y el control de nuestras costas que ejerce Inglaterra son tan ofensivos como decisivos. Desde allí las potencias dominantes y las grandes corporaciones se proyectan también hacia la Antártida, que es un reservorio de recursos vivos y minerales que hacen urgente que la Argentina tenga una visión geopolítica propia.

De ahí la importancia estratégica decisiva de los ríos Paraná y de la Plata, y del canal Magdalena, que por todo esto jamás se deben entregar.

Debiera entenderlo el gobierno, que con su silencio e inacción, y al no derogar el decreto 949/2020, de hecho consolida la entrega, lo reconozca o no.