Lawfare, posverdad y un pueblo que jamás se arrodillará | La persecución judicial a Cristina Kirchner

Para quienes estudiamos Derecho en la querida UBA, desde el Ciclo Básico Común nos repiten cuál es la finalidad del Derecho Penal. Lo que conocemos como lawfare antes se abordaba como una conducta detestada y severamente criticada por todos los y las juristas.

Hoy asistimos a una situación repugnante por donde se la mire, que pone en riesgo nuestro sistema republicano de gobierno, en tanto un sector del Poder Judicial, arrogándose funciones políticas que no le corresponden, viene desplegando una verdadera caza de brujas en contra de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el 2015 se suceden múltiples e insólitas acusaciones penales en contra de la actual vicepresidenta, donde el único objetivo es verla condenada por algún delito, no importa cuál, ni importa cómo. Solo importa cumplir con el mandato de matar políticamente a una de las dirigentes populares más importantes de nuestra Patria Grande.

La quieren ver presa, la quieren proscribir y quieren dejar sin representación política a la mayoría de nuestro país. No importa si no hay ni una sola prueba de cargo contra Cristina. Solo importa perseguirla, aun si para lograrlo se violan todos y cada uno de los principios del Derecho.

Más de doce causas penales en donde la única prueba es ser la dirigente política más importante de los últimos 50 años. Primero Claudio Bonadio y luego la saga de fiscales federales rápidos para cumplir la manda del, por aquel entonces, gobierno de Mauricio Macri, vienen asegurando un circo judicial absurdo e infundado. Claro, por las dudas esas insólitas investigaciones luego fueron ratificadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por jueces que (¡vaya casualidad!) habían sido designados en forma escandalosa por el propio Macri.

Así, jueces y fiscales, asumidos militantes de Juntos por el Cambio y compañeros de asados y de partidos de fútbol del ex presidente Macri, se encargaron y se encargan de usar a su antojo el Derecho Penal.

Usan supuestos procesales contra Cristina para perseguirla penalmente, y luego otros para proteger y sobreseer a Macri y sus secuaces.

Más de uno me recordará mi “pasado anti kirchnerista”. La memoria selectiva de ciertos sectores no encuentra límites. Durante años creí que el kirchnerismo se había equivocado al dejar de lado la transversalidad y apoyar su construcción en el Partido Justicialista (PJ). Pero el ser humano se distingue por su capacidad de raciocinio y autocrítica. Por eso hoy también entiendo que el PJ, con los matices y diferencias, es uno de los actores políticos de las grandes transformaciones en el país.

Cambiar también es un principio de vida, aunque para ciertos sectores sea más confortable pensar que esto es sinónimo de “traición”, cuando difícilmente uno se traicione más que cuando pierde la capacidad de reflexión y deviene en mero repetidor de consignas y prácticas sin contenido, transformando a sus estructuras políticas en cáscaras vacías funcionales al statu quo. Bienvenidas las autocríticas y revisiones con tal de entender de manera acertada lo que verdaderamente se está moviendo debajo de nuestros pies. Si quienes militamos y hacemos política no tenemos la capacidad de poner en revisión nuestras propias trayectorias, no servimos para darles respuestas a las demandas de las sociedades del siglo XXI.

La persecución a Cristina no es por las mentiras instaladas desde los sectores minoritarios de poder. La persecución es por ser la representante del proceso transformador más importante de las últimas décadas; ese que incluyó a millones, que volvió a entusiasmar, que distribuyó riquezas, que se metió con el poder que nunca muestra su verdadero rostro, que puso en escena debates impostergables y que entiende que sólo a través de la política podemos lograr sociedades más justas, desarrolladas e inclusivas.

No les importa el Estado de Derecho, ni el debido proceso, ni la finalidad del Derecho Penal, ni las garantías penales. Su verdadero objetivo es mostrarle a la sociedad que todo aquel que se oponga a los intereses privados de quienes saquean nuestros recursos y nuestra riqueza será perseguido, proscripto y encarcelado.

Los movimientos del lawfare nos obligan a ver que lo amenazado es la democracia y la calidad de nuestro sistema político.

Cuando decimos que el partido judicial de hoy es el partido militar de ayer, no exageramos. Las garantías constitucionales no existen y los fusilamientos se dan desde las portadas de los grandes diarios. No importa el principio de inocencia, no importa el Derecho Penal, no importan las garantías que rigen al Estado de Derecho. Las sentencias ya están firmadas. Aun con inexistencia de pruebas. El triunfo de la posverdad y el jaque de las democracias a un paso de concretarse.

A ellos, los que se creen dueños del poder, les recordamos que no lo lograron en otros países hermanos, porque la verdad siempre termina triunfando. No pudieron en Brasil. Quisieron encerrar a Lula, desaparecerlo de la escena política, pero no lo lograron. No podrán en la Argentina.

El pueblo argentino una vez más honrará su historia y tradición de lucha, resistencia y preservación de sus símbolos más sagrados. Nosotros somos un pueblo que se negó siempre a callarse y arrodillarse ante esa minoría hegemónica y privilegiada. No importa si antes usaban las botas y los fusiles y hoy las sentencias y las tapas de diarios. Tampoco van a poder con sus objetivos inconfesables. Porque sabemos cómo defender la democracia, pero sobre todo porque “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”.